Por segunda vez en lo que va de año 2026, el Boletín Oficial del Estado (BOE de 17 de noviembre) ha publicado un nuevo Real Decreto de creación de unidades judiciales —el Real Decreto 996/2026, de 16 de noviembre, que dispone la creación de 500 nuevas unidades judiciales para la programación de 2027 en todo el territorio nacional—, el cual se suma a las ampliaciones de la planta judicial y de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal aprobadas el pasado mes de julio.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) denunciamos que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes insiste en aumentar las plazas de Jueces, Magistrados y Fiscales sin dotar ni una sola plaza de personal funcionario de los Cuerpos Generales (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial).
Por ello, STAJ ha presentado formalmente una nueva reclamación ante el Ministerio exigiendo la negociación urgente e inmediata de la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en los centros de trabajo afectados.
El Ministerio ya dejó claras sus intenciones tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
El Ministerio califica como «eficiencia» la disociación entre Jueces/Fiscales y el personal de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial que son quien dan soporte a los jueces y magistrados en la tramitación de los procedimientos.
Desde STAJ denunciamos que esta política es una trampa organizativa:
- La carga de trabajo actual es inasumible. Muchos Servicios Comunes de los Tribunales de Instancia se encuentran desbordados.
- El colapso del servicio es inminente. Añadir 88 plazas judiciales a las 95 de julio en el territorio ministerio sin incrementar el personal tramitador provocará el colapso absoluto de algunas oficinas judiciales.
- Esta situación genera una sobrecarga de trabajo que incrementa exponencialmente los riesgos psicosociales del personal y el riesgo de errores materiales en la tramitación, responsabilidad que recae de forma exclusiva sobre la Administración empleadora.
- La inmediata negociación para la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de las oficinas judiciales y fiscales del ámbito Ministerio.
- El incremento de puestos de trabajo de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial en proporción a las plazas judiciales y fiscales creadas, garantizando su efectiva incorporación antes o en el mismo momento de la entrada en funcionamiento de cada nueva plaza.
- El cese de la política de «coste cero» a costa de la salud y el esfuerzo del personal funcionario de la Administración de Justicia.
CREAR PLAZAS JUDICIALES SIN INCREMENTAR TAMBIÉN LAS PLANTILLA FUNCIONARIOS ES UNA MEDIDA ILUSORIA E INEFICAZ. SIN PERSONAL QUE TRAMITE NO HAY TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.