La situación en los Tribunales de Instancia de la provincia de Burgos continúa deteriorándose día tras día, lejos de mejorar con la entrada en vigor de la denominada Ley de Eficiencia
Una ley que fue presentada como una gran modernización de la Justicia en los ámbitos organizativo, procesal y digital está generando, en la práctica, numerosos problemas en el funcionamiento diario de los órganos judiciales.
Desde el primer momento advertimos que una reforma de esta magnitud no podía implantarse sin una inversión suficiente en medios humanos, tecnológicos y materiales. Sin embargo, la realidad es que los cambios se han puesto en marcha sin la preparación necesaria y con importantes carencias.
El personal de la Administración de Justicia trabaja diariamente en unas condiciones cada vez más complicadas: falta de efectivos, incidencias informáticas constantes, desorganización en los servicios y una presión creciente derivada de la nueva estructura implantada.
A ello se suma la implantación apresurada de Atenea, el nuevo sistema de gestión procesal, que está generando numerosas dificultades en el trabajo diario debido a problemas de funcionamiento, lentitud y errores que dificultan enormemente la tramitación de procedimientos.
Pese a las advertencias realizadas y a las incidencias comunicadas reiteradamente, la respuesta sigue siendo insuficiente. Muchas averías y fallos técnicos tardan demasiado tiempo en resolverse, provocando retrasos y paralizaciones continuas.
Las consecuencias no solo afectan a los funcionarios. También los profesionales encuentran dificultades para acceder y localizar procedimientos, sufriendo retrasos en señalamientos, tramitaciones y ejecuciones.
Y, por supuesto, quienes terminan padeciendo esta situación son los ciudadanos, que se encuentran con una Justicia cada vez más lenta, confusa y saturada.
Desde STAJ consideramos que esta situación no puede prolongarse más tiempo. Resulta imprescindible que el Ministerio adopte medidas reales y urgentes, dotando a la Administración de Justicia de los recursos personales, tecnológicos y formativos necesarios para garantizar un servicio público digno y eficaz.
