En
dicha carta, mostramos al nuevo Ministro nuestra preocupación por la
senda adoptada durante la anterior legislatura, en la que se han puesto
en marcha algunos proyectos que afectan de forma directa a las
condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia,
sin haber procedido a la previa y obligatoria negociación colectiva. Así
lo hemos venido manifestando de manera reiterada al Ministerio, sin
haber obtenido respuesta, y de ello, el conflicto que se mantiene
abierto desde inicios del año 2023.
La ausencia de negociación y el desinterés
mostrado para darle solución hasta ahora por parte del Ministerio, así
como el desprecio a que se ha sometido a los funcionarios y funcionarias
de los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia
de todo el Estado, que constituyen el 93 por ciento del personal, por la
falta de reconocimiento legal y retributivo de las funciones que efectivamente desempeñamos
en juzgados, tribunales, fiscalías y demás servicios de la
Administración de Justicia, mientras que a otros colectivos -los mejor
retribuidos-, se les reconocen incrementos salariales muy sustanciosos,
son la causa de que aún sigamos con el conflicto abierto, y por ello conminamos
al nuevo Ministro a que afronte con valentía esta situación para lograr
solucionar un problema que afecta a todos y especialmente al servicio
público de Justicia.
Hemos recordado al Ministro cuáles son
los puntos esenciales que fueron incluidos en la plataforma
reivindicativa, y cuya falta de atención dio lugar a una huelga en la
Administración de Justicia que ha durado meses y que ahora está
suspendida, pero que se reabrirá si no encontramos respuesta por parte de ese Ministerio:
• La paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa
hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa
Sectorial de la Administración de Justicia. Al haber decaído la
tramitación de esta Ley cuando se disolvieron las Cortes, instamos a que
antes de iniciarse la redacción y tramitación de los nuevos proyectos
de esta índole, se negocien con las organizaciones sindicales en cuanto
afectan de manera directa condiciones de trabajo de todo el personal.
• El reconocimiento profesional y retributivo de las funciones
que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose
la acumulación en el cuerpo de LAJ de funciones que finalmente realizan
los cuerpos generales.
• El incremento del Complemento General del Puesto, de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales(transferidos y no transferidos):
- + 430 euros mensuales para Médicos Forenses y Facultativos del INTyCF
- + 400 euros mensuales para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio
- + 375 euros mensuales para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio
- + 350 euros mensuales para Auxilio Judicial
• Reivindicamos, además:
- La eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1.
- La negociación colectiva del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de Carrera Profesional, previsto desde 2018 en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que el Ministerio se ha negado a desarrollar en todo este tiempo.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia hemos mostrado al nuevo Ministro, finalmente, nuestro absoluto interés y disposición al diálogo y a la negociación de estas reivindicaciones y de todas aquellas que afectan a las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos de Justicia, ofreciéndole además toda nuestra colaboración para lograr entre todos un servicio público de calidad, que es lo que merece la ciudadanía.
Esperamos que el nuevo Ministro afronte con valentía la situación y nos convoque con urgencia para negociar todas las reivindicaciones incluidas en la plataforma.