La nueva Ley orgánica de eficiencia organizativa (LOEO) supondrá un cambio radical en la organización de la Administración de Justicia, que afectará por un lado a la organización de jueces y tribunales y por otro a lo que se conoce como oficina judicial que les presta apoyo y en la que realizarán sus servicios los funcionarios y funcionarias. Desde su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado mes de abril, STAJ y resto de sindicato representativos de justicia, hemos estado exigiendo al Ministerio negociar los cambios que supondrá la LOEO en sus condiciones de trabajo, objetivo que hasta el momento ha sido estéril porque sólo se ha limitado a informar que seguirá adelante con la nueva ley sin admitir ni las numerosas enmiendas que hemos presentado a su actual redacción a través de los grupos parlamentarios, ni a su negociación en mesa.
El diseño de esta profunda transformación conllevará la desaparición de los juzgados -tal y como los conocemos actualmente-, para pasar a constituirse en macro oficinas denominadas Unidades Procesales de Tramitación (UTRAM) y los servicios comunes: uno denominado General con funciones de registro, reparto, actos de comunicación, etc. y otro de Ejecución. Esto supondrá que todos los funcionarios judiciales nos concentraremos al cien por cien en estas “súper oficinas” para las que la ley no prevé garantía alguna de movilidad voluntaria, diferenciación ni definición de puestos por jurisdicciones ni seguridad en cuanto a las retribuciones que percibimos en nuestros actuales destinos. A juicio de STAJ, bajo unos pretendidos objetivos de “racionalización y flexibilización de las plantillas de funcionarios”, esta reforma esconde unos nuevos mecanismos que ahondarán aún más en el deseado control de la administración de Justicia al servicio del partido gobernante, ya que en la práctica permitiría una “movilidad discrecional” de funcionarios para –entre otros objetivos- pueda ralentizar o acelerar procesos judiciales desde su inicio, al servicio de intereses partidistas, según convenga en la coyuntura política del momento y dejando de ser ese servicio esencial, imparcial e independiente tal y como está consagrado en nuestra Constitución. Y todo ello a costa del mayor ataque que se ha producido a los derechos y condiciones de trabajo de los funcionarios judiciales. Ni el partido gobernante ni la titular del Ministerio de Justicia han mostrado la más mínima intención de negociar esta reforma legal con STAJ y resto de sindicatos representativos de Justicia y esto constituye un hecho que evidencia esos intereses ocultos para que se apruebe sin negociación para la semana próxima en el Congreso.
A fecha de hoy el Ministerio continúa sin admitir en el texto legal unas garantías tan básicas como las que exigimos: la diferenciación y determinación de puestos de trabajo, la libre elección de puesto mediante concurso de traslado y las retribuciones y, por todo ello, el colectivo más numeroso que soporta el mayor peso de trabajo de la administración de Justicia, seguirá movilizándose en todas las principales sedes judiciales de todo el estado mañana día 16 de diciembre y continuará con las protestas sin descartar la convocatoria de huelga para el caso de que no se consiga la paralización de la tramitación parlamentaria de la LOEO y que por el Gobierno se proceda a la negociación del Anteproyecto de ley.
