El Ministerio sigue sin negociar la Ley de Eficiencia Organizativa.
Comienza la negociación de las bases de los procesos selectivos de estabilización de la Ley 20/2021.
LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA
Ayer 7 de noviembre se ha celebrado nueva reunión de la Mesa de negociación con el Ministerio de Justicia, en la que el primer punto del orden del día era “Información y entrega de documentación sobre el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa”.
El Ministerio nos ha dicho lo que en parte ya sabemos, que la ley se está tramitando en el Parlamento y que previsiblemente quede aprobada a finales de año o lo más tardar en enero. También nos comunica que la idea es que la implantación de los Tribunales de Instancia con sus respectivas Unidades Procesales de Tramitación, así como la transformación de los Juzgados de Paz en Oficinas de justicia en el municipio tendrá lugar en el plazo de tres, seis o doce meses, según el tipo de partido judicial, a partir de la entrada en vigor de la ley.
También dice el Ministerio que las Relaciones de puestos de trabajo de las diferentes Unidades de oficina judicial (Unidades Procesales de Tramitación, Servicios Comunes procesales) y Oficinas de Justicia en el Municipio serán negociadas en esos plazos, pero en realidad no da ninguna garantía de que será así y de hecho las disposiciones transitorias establecen la transformación automática de las plantillas actuales de juzgados y tribunales en las futuras Unidades, si no se produce esa negociación en los plazos marcados.
De todo lo anterior, lo único que nos queda claro es que se confirma la NULA VOLUNTAD DEL MINISTERIO PARA NEGOCIAR LAS LEYES DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA, a lo que estaba obligado por ley y por recogerse en el Acuerdo de diciembre de 2021.
Se niega, por tanto, el Ministerio, a abordar en mesa de negociación las propuestas que hemos realizado desde STAJ y resto de organizaciones sindicales para mejorar el texto que ya se está tramitando en el Congreso, obligándonos a tener que acudir a los Grupos Parlamentarios para exponerles algo que debería haber quedado negociado antes de la aprobación del Anteproyecto por el Gobierno y su remisión al Parlamento.
Como ya hemos informado en varias ocasiones, STAJ ha presentado multitud de alegaciones, primero al Anteproyecto, y luego al Proyecto, además de haber remitido a los Grupos parlamentarios nuestras propuestas de enmienda, algunas de las cuales han sido asumidas por algunos Grupos.
STAJ pretende que se incluyan también mejoras en nuestro estatuto jurídico, que apenas se revisa desde hace dos décadas, mejoras que van desde la recuperación de la reserva de la mitad de plazas para la promoción interna, hasta una mejor regulación de las sustituciones, carrera profesional, procesos selectivos, concursos de traslados, etc.
Pero, como decimos, el Ministerio se niega a negociar nada de esto. Por ello, no nos queda más salida que la movilización, porque no podemos permitir que se modifiquen las condiciones de trabajo sin haber negociado nada con los representantes de los trabajadores afectados directamente por estos cambios tan profundos.
PROCESOS SELECTIVOS ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021
En la Mesa de hoy también se ha procedido a iniciar la negociación de las bases de los procesos selectivos de estabilización pactados por los sindicatos de la Mesa General (UGT, CSIF y CCOO) y previstos en la Ley 20/2021.
Las plazas que se ofertarán en cada uno de los procesos ya fueron aprobadas en la Oferta de Empleo de Estabilización recogida en el Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo y negociada también en esa Mesa General -no en la Mesa de Justicia-, y de ellas ya hemos dado información en anteriores boletines (puedes consultarlas en nuestras Webs y Blogs territoriales).
En la reunión de hoy se han expuesto únicamente líneas generales, habiendo manifestado el Ministerio que los borradores de bases facilitados están totalmente abiertos a la negociación, para introducir en ellos mejoras que podamos proponer desde las organizaciones sindicales presentes en esta mesa de Justicia.
Desde STAJ hemos reiterado la necesidad de que el Ministerio oferte también, adicionalmente a estas plazas, el porcentaje que la ley establece para la promoción interna (30 por ciento de las que hayan sido objeto de Oferta de empleo)
Desde STAJ, en cuanto al proceso selectivo por concurso oposición, hemos manifestado que entendemos que deben respetarse las reglas del juego ya marcadas en la convocatoria de 2019, correspondiente a las Ofertas de Empleo de 2017 y 2018, tanto en la fase de oposición respetando la reserva de nota -que además se recoge en el Acuerdo de marzo de 2022-, como en la fase de méritos, sin alteraciones significativas.
No es de recibo que en las últimas tres convocatorias de turno libre tengamos tres modelos diferentes. Las plazas de esta convocatoria proceden de la oferta de empleo de estabilización de 2019, porque han sido absorbidas por los procesos derivados de la Ley 20/2021, según ha manifestado el Ministerio reiteradamente. Por tanto, debe respetarse el sistema pactado en su momento para esas plazas, ya de por sí muy mermadas en aplicación de esa ley.
Por lo que respecta al sistema de concurso de méritos “puro”, previsto en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, entendemos que debe revisarse la distribución de méritos que se realiza en el primer borrador facilitado por el Ministerio, eliminando las limitaciones temporales en los méritos de experiencia o ejercicios aprobados, reajustando su valoración máxima, e incrementando el apartado de experiencia, adaptando el resto de méritos baremables.
La negociación, como decimos, está absolutamente abierta, el Ministerio se muestra receptivo a modificar el borrador de manera que lo que se apruebe sea satisfactorio y plenamente acorde con los principios constitucionales que han de presidir todos los procesos selectivos.
La próxima reunión tendrá lugar el día 17 de noviembre. En cualquier caso, el Ministerio dice que la negociación debe quedar finalizada el día 21 de este mes, dado que es la fecha tope impuesta por Función Pública para que las convocatorias puedan estar publicadas antes del 31 de diciembre de este año, fecha límite marcada por la Ley 20/2021.