El Ministerio de Justicia dictó durante el mes de julio varias resoluciones (sustituciones y planes de actuación de LAJs y RPT Badajoz) que han sido aprobadas sin haber sido negociadas en la mesa de negociación específica de la Administración de Justicia, prevista en la Disposición adicional duodécima del TREBEP para la negociación colectiva de todas las cuestiones que afecten específicamente al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y que, por tanto, es la única competente para ello.
Según parece, esas resoluciones han sido sometidas a la Mesa General de la Administración General del Estado, (a la que STAJ no pertenece, por ser específico de Justicia) a través de una “mesa delegada” constituida en el Ministerio de Justicia. Esa mesa, según entendemos, únicamente es competente para la negociación de cuestiones comunes al personal funcionario y laboral, pero no para aquellas que afectan de forma exclusiva a personal funcionario, como es el caso de los Letrados de la Administración de Justicia y las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales.
Por ello hemos presentado recursos contra estas resoluciones, con objeto de que sean negociadas donde corresponde, para que se reponga a STAJ, y a los miles de funcionarios a los que representa, en su derecho a la negociación colectiva ganada con mucho esfuerzo en las elecciones sindicales, que nos han colocado como la fuerza sindical más votada en la Administración de Justicia. No entramos en el fondo de lo que es objeto de regulación en estas resoluciones y órdenes, sólo impugnamos la forma en la que se han adoptado, y por ello mismo, precisamente, no hemos solicitado su suspensión cautelar (a lo que tendríamos derecho), por lo que podrán ser aplicadas mientras se sustancian los recursos, para evitar causar perjuicios que pudieran derivarse de su no aplicación, habiendo además utilizado el procedimiento especial de urgencia para protección de derechos fundamentales, con objeto de que sea resuelto lo antes posible.
Desde STAJ no podemos permitir que se ningunee a miles de funcionarios y funcionarias que con su voto nos han elegido, precisamente, para ser sus representantes en las mesas de negociación amparadas por las leyes y la propia Constitución Española.