En relación a la campaña de vacunación del COVID19, STAJ Castilla-La Mancha, ha solicitado al Consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que el colectivo de funcionarios de justicia de esta Comunidad Autónoma sea catalogado dentro de los grupos prioritarios de la estrategia de vacunación por ser la Administración de Justicia un servicio esencial.
En dicho escrito STAJ argumenta que los funcionarios de la Administración de Justicia constituyen uno de los servicios esenciales de la Comunidad y en referencia con la pandemia por SARS-COVID-19 a la que nos enfrentamos, por los siguientes motivos:
1- Garantizan, a través de la reserva de función que tienen, el apoyo de Jueces y Magistrados y por ende la tutela judicial efectiva; (derecho reconocido como fundamental en el artículo 24.2 de nuestra Constitución). y la salvaguarda de los demás derechos y garantías públicas tan esenciales en nuestro estado social y democrático de derecho en el que la Justicia es uno de sus valores superiores.
2- Ya en la primera declaración del estado de alarma, la Administración de Justicia, fue considerada servicio esencial, manteniéndose abiertos Juzgados y Tribunales y demás edificios judiciales, para garantizar precisamente esos derechos a los que hemos hecho referencia. Ello da muestra de la relevancia de sus funciones.
3- La Administración de Justicia fue también la primera en iniciar la fase de desescalada, y ello por necesidad de ofrecer este servicio esencial que presta para la ciudadanía.
Es por todo ello y porque las especiales circunstancias en las que se desarrolla el trabajo de los funcionarios de Justicia, el servicio esencial que prestan, y en muchas ocasiones, la obligación que tienen, en cumplimiento de su deber, de estar próximos a personas que pudieran ser portadoras de la infección por COVID 19, justifican sobradamente la necesidad de que reciban un trato singularizado y preferente dentro de la estrategia de vacunación. Y a pesar de todo lo anteriormente expuesto, nada sabemos acerca de las fechas o las estrategias que se siguen en referencia a los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en orden a esa prioridad en la vacunación a la que aludimos, y consideramos un despropósito que se nos catalogue dentro de los grupos generales de población y no en el grupo específico de riesgo que es donde deberíamos ser tenidos en cuenta.
SOLICITANDO:
Que de forma prioritaria y urgente se incluya a los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a efectos de llevar a cabo la vacunación, dentro del Grupo 6 de la Estrategia de vacunación frente la COVID-19 en España, descrito por el Ministerio de Sanidad.
Y todo ello, por el carácter de servicio esencial que presta esta administración en la que, además se sufre un alto riesgo de exposición por la alta presencia diaria de ciudadanos y profesionales en todas las sedes judiciales que, actualmente podemos considerar que se produce en tasa de afluencia normal y casi idéntica al escenario previo a la pandemia. A lo anterior hemos de sumar las precarias condiciones que existen en muchos edificios judiciales que provocan una mayor exposición y riesgo de contagio, así como servicios dentro de la Administración de Justicia donde este riesgo es aún mayor por las características especiales de sus tareas diarias: Registro Civiles, Juzgados de Guardia, Decanatos y Servicios Comunes.
También
hemos requerido al Comité de Salud Regional a fin de que solicite
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha si dispone ya de los
datos facilitados por la Mutualidad General Judicial, relativa a los
mutualistas funcionarios al servicio de la Administración de
Justicia para que se fijen los protocolos y mecanismos necesarios
para proceder a la vacunación de nuestro colectivo.
En
iguales términos STAJ
también
se ha dirigido al Comité de Salud regional de la Administración de
Justicia de Castilla-La Mancha