El Ministerio convocó ayer a los
sindicatos a una reunión por videoconferencia, en la que anunció la aprobación
urgente de un nuevo Decreto Ley que modificará la actividad judicial.
Comprendemos que nos citen con
precipitación dada la situación de crisis, lo que no es admisible es su total
falta de transparencia. No ha concretado exactamente lo que pretenden hacer ni nos
ha dado nada por escrito, por lo que no podemos saber si realmente tienen algo
planificado o están improvisando sobre la marcha.
Los funcionarios judiciales queremos
poder prestar cuanto antes al cien por cien el servicio público que es nuestra
razón de ser. De hecho, en estos momentos todos los juzgados y tribunales del
país están abiertos y con funcionarios judiciales trabajando en ellos. Y eso ha
sido así desde el principio de la crisis sanitaria.
El problema estriba en la endémica
falta de medios que sufre la administración de justicia, con muchas oficinas
judiciales en las que tanto el público como los trabajadores están hacinados y
donde es prácticamente imposible mantener unas mínimas distancias de seguridad,
con unos sistemas informáticos obsoletos y unas redes internas que colapsan y nos
impiden realizar correctamente nuestro trabajo o lo entorpecen en muchos casos.
Desde este sindicato llevamos años denunciando
estas graves carencias, reclamando soluciones, proponiendo medidas de mejora y
unos medios adecuados a ese mismo Ministerio de Justicia que ahora pretende
enmascarar su falta de previsión con dudosas imposiciones a golpe de decreto
ley.
Anuncian cambios drásticos de la noche
a la mañana. Unos cambios que pueden suponer meses de reforma y adaptación, con
traslados de expedientes, cambios de protocolos o nuevos sistemas de gestión. Y
mientras tanto ¿Cómo atendemos las necesidades de los ciudadanos? ¿Cómo
aliviamos el colapso que se está creando a consecuencia de la multitud de
demandas que ya están entrando a consecuencia de la crisis?
Para colmo, el Ministerio, por más
buenas intenciones que nos muestre, no está en condiciones de garantizar la
protección de la salud de los funcionarios ni de la ciudadanía en general, pues
no tiene capacidad para suministrar equipos de protección, test de diagnóstico,
o elementos de seguridad ante el importante incremento previsto en la dotación
presencial en los órganos judiciales, tanto de funcionarios, como de público.
Ni siquiera está en condiciones de realizar diariamente una limpieza y
desinfección de los locales judiciales que minimice los riesgos de contagio
ahora que estarán abiertos todo el día.
Los
funcionarios judiciales constituimos más del 70% de todo el personal y somos
quienes atendemos al público a diario, quienes realizamos todos los trámites, y
quienes conocemos en primera persona cual es la situación real en los juzgados
y tribunales de toda España. Por ello podemos aportar sugerencias que mejoren
el servicio y agilicen la justicia, pero el Ministerio nos ignora
sistemáticamente.
Queremos seguir prestando el servicio
que ya estamos prestando y hacerlo al máximo rendimiento. El país lo necesita
ahora y estamos dispuestos a ello. Pero el Ministerio está más ocupado en
aprovechar la situación de caos para imponer sus proyectos políticos al precio
que sea, con dudosos experimentos que no sabemos donde nos llevarán.
Por eso le pedimos al Ministerio un
poco más de humildad y sentido común. No es bueno adoptar dudosas medidas
improvisadas o a las bravas como se pretende, sin escuchar siquiera a las
partes implicadas y sin aplicar unas mínimas garantías jurídicas, porque
corremos un serio peligro de que se colapse todavía más el sistema judicial.
No tenemos nada en contra de este
gobierno. Somos un sindicato estrictamente profesional y sin connotaciones
políticas de ningún tipo, pero la actitud de imposición sin valoración de las
opciones que aportamos los sindicatos hace mucho tiempo que no la veíamos.
La Justicia es uno de los pilares del
estado de derecho y ningún gobierno de un país que se considere democrático
puede adoptar decisiones de calado sobre la misma de forma unilateral o
precipitada e ignorando al resto de los operadores políticos y sociales. Nuestro
país necesita más que nunca una justicia que resuelva sus problemas y los
funcionarios de justicia estamos ahí, como siempre, dispuestos a arrimar el
hombro prestando el mejor servicio público posible, y todavía más en una
situación como la actual
Necesitamos tomar decisiones con
rapidez, pero no de forma improvisada, ni mucho menos de manera unilateral con
la excusa del estado de emergencia y al margen del marco jurídico y laboral que
todavía siguen vigentes. Hagamos las cosas bien y démosle a nuestro país la
justicia que se merece.