El Subsecretario de Estado de Justicia nos ha asegurado que, además de la equiparación al resto de trabajadores en lo que se refiere a las tasas, también se va a suprimir la obligación de asistir los funcionarios con abogado y procurador cuando interpongamos recurso contencioso-administrativo en defensa de nuestros derechos estatutarios, volviendo con ello a la situación anterior a la Ley de Tasas. Esta modificación se incluirá en la nueva Ley de Justicia Gratuita que está pendiente de aprobarse. Esta, junto con la eliminación de las tasas, ha sido una de las mayores reivindicaciones de STAJ porque tanto las tasas como la exigencia de abogado y procurador constituían un claro retroceso con finalidad exclusivamente disuasoria, discriminando a los funcionarios públicos con respecto al régimen que rige para el resto de los trabajadores, obligándonos a aceptar a pies juntillas los abusos que pudiera cometer la Administración contra nosotros.
También hemos logrado arrancar del Ministerio el compromiso del mantenimiento de todos los puestos de trabajo que integran actualmente las plantillas de los Registros Civiles, por lo que estos puestos NO SE PIERDEN, estén o no ocupados por funcionarios de carrera, según nos asegura el Ministerio. Del mismo modo, se ha comprometido a negociar la reordenación de los funcionarios que actualmente prestan servicio en los Registros Civiles, tanto de titulares como de interinos. Ya veremos en qué se traduce esto y esperemos que el Ministerio cumpla su palabra.
No todo se ha conseguido, ni mucho menos, desde STAJ seguimos luchando para que se eliminen totalmente las tasas y cualquier medida que entorpezca nuestro acceso a la Justicia. Del mismo modo que seguimos luchando contra la desjudicialización del Registro Civil y cualquier clase de privatización de la Justicia, y por supuesto contra todos los recortes, tanto salariales como de derechos, a que nos están sometiendo tanto el Gobierno central como el autonómico.