La propuesta contiene cinco puntos muy breves, sobre las siguientes aspecto:
- Registro civil único, público y gratuito, llevado íntegramente por funcionarios de Justicia.
- Registro Civil electrónico, basado en el folio único personal.
- Registro Civil integrado en la Administración de Justicia, velando por el mantenimiento de la estructura actual y las funciones delegadas de los Juzgados de Paz.
- Registro civil desjudicializado y servido por personal al servicio de la Administración de Justicia en activo, con los Letrados de la Administración de Justicia como Encargados.
- Compromiso del Ministerio de Justicia a presentar en las Cortes Generales proyecto de ley de reforma de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil que deberá asentarse en los ejes anteriores.
Si el Ministerio quiere consenso, deberá incluir en el Acuerdo, al menos, lo siguiente:
· Respecto a la gratuidad del RC, que se impulsen medidas que faciliten el acceso al RC sin intermediarios, incluidos por los medios telemáticos que se establezcan.
· En cuanto a la estructura de las oficinas del Registro Civil, no nos basta con "velar" por el mantenimiento actual, sino que debe garantizarse inequívocamente el mantenimiento de la estructura y demarcación actuales, con una oficina de Registro Civil en cada partido judicial y en los Juzgados de Paz, con competencias plenas, incluido el expediente previo al matrimonio civil.
· Las competencias de las Comunidades Autónomas deben enmarcarse dentro de las asumidas en materia de Administración de Justicia.
· Garantía de mantenimiento de todos los puestos de trabajo asignados actualmente a RC.
· Reconocimiento de las funciones registrales de todos los Cuerpos, y posibilidad de que los Gestores asuman la función de Encargado en aquellos Registros donde así se establezca, y en todo caso en los Juzgados de Paz y Agrupaciones.
· Garantía de un Registro Civil con competencias plenas y exclusivas, de modo que todas las actuaciones registrales, incluidos los expedientes, sean de la exclusiva competencia de las oficinas de Registro Civil, sin perjuicio de la celebración de matrimonio civil ante otros funcionarios, Alcaldes, o las especialidades propias de los matrimonios canónicos o de otras confesiones.
· Compromiso por parte del Gobierno del impulso a la reforma de la Ley de 2011, así como cuantas otras normas legales o reglamentarias deban dictarse para cumplimiento del Acuerdo.